Por Dr. Amín Cruz
“La seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Esta situación varía en todo el mundo y puede ser afectada por una variedad de factores, como la pobreza, los conflictos armados, los desastres naturales, la inestabilidad política, la falta de acceso a agua limpia y saneamiento, el cambio climático, entre otros. Es un problema importante en muchas regiones del mundo, especialmente en países en desarrollo.”
El principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es “no dejar a nadie atrás”, un compromiso para erradicar la pobreza, la discriminación, las desigualdades y las vulnerabilidades que socavan el potencial de las personas y las comunidades. Sin embargo, para que esto suceda, es urgente replantearnos la transformación rural y crear sistemas agroalimentarios sostenibles, equitativos e inclusivos para todos.
Un enfoque inclusivo asegura que todas las personas independientemente de su condición social, económica o política e identidad (raza, origen étnico, sexo, edad, creencias, ubicación geográfica, discapacidad, estado de salud, etc.) participen de forma plena y activa en los procesos de desarrollo y se beneficien de ellos.
La exclusión se manifiesta de múltiples maneras, y la mayoría de las personas que experimentan los niveles de marginación y vulnerabilidad más elevados viven en zonas rurales y tienen medios de vida basados en sistemas agroalimentarios. La exclusión afecta a su vida en todos los ámbitos, en particular su bienestar, productividad y medios de vida.
Muchos no pueden ejercer plenamente sus derechos y tienen un acceso limitado a recursos, servicios y oportunidades. Suelen no formar parte de los procesos de toma de decisiones y su capacidad para desempeñar un papel activo en sus comunidades se ve disminuida.
Sin embargo, estos actores tienen un enorme potencial para respaldar la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Las medidas inclusivas en materia de políticas y los cambios estructurales servirían para reducir las desigualdades, al ofrecer servicios de calidad e instituciones decentes, facilitar el acceso a los recursos productivos y naturales y velar por el respeto de los derechos humanos de todos.
La FAO lucha contra la discriminación y las desigualdades (a menudo múltiples y convergentes) que socavan el arbitrio de las personas en calidad de titulares de derechos y agentes del cambio, haciendo hincapié en los siguientes grupos: Las personas afectadas por la pobreza y la extrema pobreza, Las mujeres y las niñas del medio rural, Los jóvenes del medio rural, Los migrantes, Las personas con discapacidad, Los pueblos indígenas.
En un mundo en situación de riesgo a causa del cambio climático y los fenómenos extremos, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, los conflictos y las pandemias, y en el que las crisis económicas y el alza de los precios de los alimentos, la pobreza persistente y las desigualdades afectan a la vida de miles de millones de personas, no bastará con seguir actuando como hasta ahora para alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La FAO reconoce que es fundamental aplicar un enfoque inclusivo a la transformación rural para mejorar la participación de los grupos vulnerables y marginados en los procesos y generar oportunidades de actuación. Como parte del compromiso de la Organización con la reducción de la pobreza, la FAO está incorporando la inclusividad y prestando apoyo a los Estados Miembros y a los asociados para abordar las relaciones sociales, económicas y políticas desiguales, del siguiente modo:
Transformando los sistemas agroalimentarios, a fin de asegurar la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas más pobres y marginadas.
Promoviendo un enfoque basado en los derechos para la formulación de políticas multisectoriales y enfoques territoriales que reduzcan la desigualdad y la exclusión.
Invirtiendo en medios de vida sostenibles e inclusivos, en la diversificación de los ingresos y en el empleo digno, con miras a generar mayores oportunidades para todos.
Mejorando el acceso de las personas excluidas a los recursos naturales y productivos, los servicios, los activos y las tecnologías, con objeto de fomentar su contribución al desarrollo agrícola y rural.
Ampliando la protección social, con vistas a reforzar la resiliencia de los grupos vulnerables.
Garantizando la tenencia inclusiva y equitativa de la tierra y el agua, a fin de mejorar los medios de vida de las personas más pobres.
Promoviendo plataformas y diálogos sobre políticas inclusivas, con miras a estimular la participación, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.
Velando por que las estrategias de adaptación al cambio climático sean inclusivas, y estén basadas en datos empíricos y diseñadas para mejorar la resiliencia de las comunidades rurales.
Respaldando la recopilación y el análisis de datos, también los instrumentos y la difusión de conocimientos, sobre los factores de exclusión, con objeto de orientar las decisiones en materia de políticas y las inversiones dirigidas a alcanzar la Agenda 2030.
“La seguridad alimentaria con un plan de justicia, fortalecer grupos agrarios, promover la transformación de los sistemas alimentarios, justos, saludables y sostenibles para el mundo.”
Dr. Amín Cruz, CEO, presidente y Fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Padre y Embajador de la Prensa latinoamericana, Diplomático ante la ONU, periodista, escritor en USA.
