¿Quién los protege?

He dicho muchas veces -incluso escribí un libro al respecto, “Justicia y Corrupción”- que el Partido de la Liberación Dominicana creó un sistema de justicia para blindarse judicialmente, para que no fuera posible enviar a la cárcel a los depredadores de los bienes del Estado que se robaban, durante 20 años, más de cien millones de pesos todos los años, sin ninguna consecuencia.

Decía la presidente de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, que con el dinero que se “distrae” (en realidad quiso decir, que se “roban”) se puede construir otra República Dominicana. Como dijera el poeta Neruda, “que verdad dura y sin sombra”.

A pesar de que todos sabemos el daño que históricamente ha hecho la corrupción, impidiendo el crecimiento y desarrollo del país, los políticos corruptos no son juzgados, condenados y encarcelados. No importa que la Constitución sancione el despotismo, el uso indebido del dinero del pueblo, que se haya “invertido el fardo de la prueba” y aprobado leyes para prevenir el saqueo del presupuesto nacional, lo cierto es que los expedientes, cuando rara vez se producen, no terminan sancionando a los responsables.
Un manto de impunidad cubre a los políticos ladrones para impedir que vayan a la cárcel y devuelvan al Estado lo que sustrajeran.

El PLD se convirtió en un partido hegemónico. Controlaba, como se sabe, todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos, a saber, medios de comunicación, empresarios, iglesias, abogados, médicos, policías y militares, a los cuales corrompió haciéndolos cómplices del desfalco al que fue sometido el erario.

Fiscales, jueces, abogados y agentes policiales, formaron un entramado cómplice que impide que el sistema judicial funcione cuando se trata de políticos ladrones, convirtiendo, “el debido proceso”, la “presunción de inocencia”, y otros alegatos jurídicos, para alargar indefinidamente los procesos.
La corrupción, durante los tres mandatos de Leonel Fernández y los dos de Danilo Medina, está más que demostrada. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido investigado, cuestionado o interrogado por el “Ministerio Público Independiente”.

Evidencias hay de sobra. Las pruebas se encuentran almacenadas, muy bien en algunos despachos ignorados hasta el momento. A pesar de los sometimientos a la justicia, de los expedientes rimbombantes de miles de páginas que deben ser leídas para alargar los procesos hasta que caduquen. A más de tres años del gobierno, ningún expediente ha concluido. Y me temo que no concluirá. Hay, en los hechos, un “borrón y cuenta nueva”. La promesa del presidente Luís Abinader de castigar la corrupción, no se cumplirá; muy a pesar suyo.