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Por:Jhoanna Constanzo.
La República Dominicana atraviesa una de las crisis energéticas más agresivas de los últimos tiempos, no solo por la precariedad del servicio eléctrico, sino por el alto costo de una energía que, cuando llega, lo hace de forma intermitente, ineficiente y profundamente injusta. Este drama nacional no solo impacta a los hogares más humildes; golpea con saña al corazón productivo del país: los emprendedores, los microempresarios y el empresariado en general, pilares invisibles que sostienen la economía local y territorial en medio de un Estado que ha decidido mirar hacia otro lado.
Los continuos apagones, que ya no respetan horarios ni sectores, son más que una molestia. Son una amenaza directa a la sostenibilidad de miles de negocios pequeños y medianos. Talleres mecánicos, salones de belleza, colmados, panaderías, carpinterías, centros tecnológicos, laboratorios y otras formas de autoempleo formal o informal están siendo devastados por la ineficiencia energética del gobierno central, que ha demostrado estar más preocupado por justificar aumentos que por garantizar un servicio básico y estable.
A esta oscuridad se suma el tormentoso aumento de las tarifas eléctricas, un golpe mortal para los que ya operan con márgenes mínimos de ganancia. Resulta inaceptable que mientras se alega un proceso de «modernización» del sistema, los costos se disparan y el servicio se derrumba. ¿Cómo puede un pequeño emprendedor asumir una factura eléctrica que supera con creces sus ingresos mensuales? ¿Cómo puede un empresario de zonas rurales mantener su cadena de frío o su línea de producción si cada día se enfrenta a varias horas sin energía?
Este modelo de país —centralizado, insensible y desigual— está provocando el quiebre silencioso de miles de sueños productivos. Se castiga al que trabaja, se sofoca al que emprende, se margina al que invierte desde la base. Y mientras tanto, los funcionarios del sector eléctrico siguen disfrutando de privilegios que ni siquiera conocen la palabra “apagar”.
El empresariado local no pide limosna, exige condiciones mínimas para trabajar con dignidad. Los emprendedores no mendigan favores, reclaman un trato justo. Y los microempresarios no quieren subsidios encubiertos, sino un servicio eléctrico racional, estable, accesible y justo.
Desde la Secretaria de asuntos empresarial, hacemos un llamado firme al Gobierno Central: ¡escuchen al país productivo! ¡Basta de improvisaciones energéticas! Es hora de enfrentar esta crisis con políticas reales, con inversiones transparentes y con una visión que priorice a los sectores que día tras día sostienen la economía nacional, desde las entrañas de los barrios hasta los rincones rurales del interior.
¡Sin luz no hay progreso! ¡Sin justicia energética no hay desarrollo!
