Proliferan figuras mediáticas que, sin distinción clara entre periodismo, entretenimiento u opinión, informan -o desinforman- a miles de personas desde micrófonos, cámaras o plataformas digitales.
¿El resultado? Confusión, polarización y una creciente desconfianza en los medios.
El Colegio Dominicano de Periodistas, creado por la Ley 10-91, tiene atribuciones limitadas.
Su membresía es voluntaria, su capacidad de sanción es casi nula y su legitimidad social se ha visto debilitada frente a la realidad de un oficio ocupado por comunicadores que, aunque visibles, no siempre cumplen con estándares profesionales.
No se trata de negar la validez del aprendizaje empírico. El periodismo es, sin duda, un oficio que se nutre de la experiencia.
Pero la experiencia sin principios éticos, sin formación básica en derecho, investigación, redacción y verificación de datos, pone en riesgo la función pública del periodismo: servir a la verdad y a la ciudadanía.
La desregulación del ejercicio periodístico ha alimentado un ecosistema donde la desinformación circula con facilidad y donde los intereses políticos, económicos o personales muchas veces dictan la agenda informativa.
Esto debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la existencia de una prensa libre, crítica, creíble y profesional.
Es hora de discutir seriamente una reforma que no excluya, pero que sí exija. La creación de una licencia de ejercicio, programas de formación continua accesibles, y una regulación del uso del título “periodista” son pasos posibles y necesarios.
Profesionalizar no significa elitizar: significa dignificar y proteger una labor vital para la salud democrática del país.
Porque informar no es solo comunicar. Es asumir una responsabilidad social que no puede seguir en manos de la improvisación.
