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Por: Alexander Olivence G.
Un acto de profunda irreverencia ha mancillado un espacio dedicado a la formación. La utilización de una escuela pública para grabar un video de contenido obsceno y vulgar no es solo una noticia lamentable; es una señal de alarma que la sociedad no puede ignorar.
Fue una escena que nunca debió ocurrir. Las aulas y patios que deberían resonar con las lecciones del mañana y el juego limpio de la niñez fueron convertidos, de la manera más grotesca, en el escenario de una producción cargada de obscenidades y un lenguaje que avergüenza a cualquier persona de bien. Este no es un simple incidente aislado; es una afrenta directa a la dignidad de nuestro sistema educativo y a los valores que como sociedad juramos proteger.
El hecho de que un grupo de individuos utilizara las instalaciones de una escuela pública –un espacio sagrado para la formación de nuestros hijos– para grabar contenido tan deplorable, es sencillamente inaceptable. No se trata de un debate sobre la libertad de expresión artística. Se trata del respeto elemental que merece un espacio que, por ley y por moral, debe ser un santuario de protección, orientación y aprendizaje positivo para la juventud dominicana.
Este acto va más allá de un simple mal gusto. Degrada la imagen del centro educativo, mancilla su misión fundamental y envía un mensaje pésimo a los estudiantes: que no hay consecuencia para quienes violan la ética y el respeto en los lugares más sensibles. ¿Qué lección reciben nuestros jóvenes cuando ven que su lugar de estudio es profanado para fines tan bajos? La lección de la impunidad y el descaro.
Por ello, la condena debe ser enérgica y unánime. Pero la indignación, por sí sola, no es suficiente. Exigimos acciones concretas y urgentes.
Exigimos a las autoridades del Ministerio de Educación que inicien de inmediato una investigación exhaustiva para determinar cómo se permitió el acceso a estas personas, quiénes son los responsables dentro y fuera del plantel, y aplicar las sanciones ejemplares que la normativa educativa establece. La complicidad o negligencia de cualquier funcionario de la escuela debe ser investigada con el mismo rigor.
Exigimos a las autoridades de seguridad que determinen si en este acto se configuró algún tipo de delito, como ultraje a un símbolo público o corrupción de menores, considerando que el material grabado en un espacio estudiantil puede fácilmente llegar a las manos de los alumnos para los cuales ese centro fue creado.
Este incidente no puede quedar en un simple parte de prensa. Debe ser un punto de inflexión. Es imperativo que se implementen medidas de control de acceso y protocolos de uso estrictos para todas las escuelas públicas. No podemos permitir que nuestras escuelas, ya de por sí vulnerables, sean alquiladas o prestadas para cualquier actividad sin un filtro ético y un control riguroso. La integridad física y moral de estos espacios no es negociable.
La educación de nuestros hijos es el pilar sobre el cual se construye el futuro de la República Dominicana. No podemos, ni debemos, permitir que ese futuro sea manchado por la irresponsabilidad y la vulgaridad. Las escuelas deben ser territorios de paz, respeto y superación. Protejámoslas con la firmeza que merecen. Nuestros estudiantes y la sociedad en su conjunto nos lo exigen.
