|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por :Alexander Olivence G
Introducción
En un mundo hiperconectado, la República Dominicana no escapa al debate global sobre el control del contenido en internet. Mientras algunos sectores impulsan leyes para regular plataformas como X, Facebook, Instagram y YouTube, surge una pregunta esencial: ¿debe el Estado decidir qué podemos ver, compartir o discutir en línea? La respuesta, arraigada en principios democráticos, es un rotundo no. La libertad digital debe preservarse mediante la responsabilidad individual, la educación y el equilibrio de poderes, no a través de la censura previa.
¿Por qué un proyecto de ley no es la respuesta?
Legislar sobre redes sociales implica un riesgo directo para la libertad de expresión, consagrada en el artículo 49 de la Constitución dominicana. Estas plataformas son espacios abiertos: desde emprendedores que venden artesanías en Instagram hasta jóvenes que debaten sobre política en X. Su valor radica precisamente en esa apertura.
La historia nos advierte sobre los peligros de la regulación estatal: países como Turquía o Egipto han usado leyes similares para silenciar a críticos, amparándose en la “seguridad nacional”. En el caso dominicano, una legislación local colisionaría con la naturaleza transnacional de estas plataformas. ¿Cómo aplicar normas nacionales a empresas con servidores en Silicon Valley? Peor aún, la creación de un órgano regulador podría convertirse en un arma política. ¿Qué gobierno resistiría la tentación de bloquear contenidos incómodos bajo la etiqueta de “fake news”?
Responsabilidad personal: el verdadero eje
El usuario no es un espectador pasivo: tiene poder y debe asumirlo con criterio. En un país donde más del 78% de la población tiene acceso a internet (según datos del INDOTEL), la clave está en la educación digital. Iniciativas como República Digital podrían ampliarse para enseñar a distinguir entre noticias falsas y verificadas, o a denunciar discursos de odio sin necesidad de que un burócrata decida por todos.
Ejemplos como Finlandia —donde la alfabetización mediática ha reducido significativamente la desinformación— demuestran que empoderar al ciudadano es más eficaz que mil regulaciones. Las propias plataformas ofrecen herramientas: Instagram permite moderar comentarios, y YouTube remueve contenidos que incitan al odio. La solución no está en prohibir, sino en formar ciudadanos críticos y conscientes.
El Poder Judicial: garante ex post facto, no censor previo
Cuando un usuario comete un delito —como difamación o incitación al linchamiento—, el sistema judicial debe actuar con contundencia, garantizando el debido proceso. La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ya contempla sanciones para estos casos. El verdadero reto no es crear nuevas leyes, sino aplicar de manera eficaz las existentes.
Fortalecer los tribunales especializados en ciberdelitos y capacitar a jueces y fiscales en evidencia digital sería una medida más útil que establecer una “policía de contenidos”. La censura previa convierte al Estado en juez y parte. Imaginemos que el gobierno de turno bloquee un documental sobre corrupción en YouTube por “alterar el orden público”. Eso no es democracia; es autoritarismo digital.
Los peligros de la censura previa: casos y contextos
En América Latina, sobran ejemplos. En 2013, Ecuador intentó establecer una “superintendencia de comunicación” para controlar redes sociales. El resultado: protestas masivas y una sentencia de inconstitucionalidad. En República Dominicana, los riesgos son similares. ¿Quién definiría lo “aceptable”? ¿Un comité gubernamental? ¿Un algoritmo?
La subjetividad es inevitable. Un meme satírico podría considerarse “ofensivo”. Una crítica a una ley, “desestabilizadora”. Y la censura rara vez es equitativa: el informe 2022 de Freedom House reveló que varios gobiernos usaron leyes contra “noticias falsas” para acallar voces opositoras. ¿Queremos replicar ese precedente en nuestra democracia?
hacia una sociedad digitalmente madura
No necesitamos replicar modelos autoritarios, sino confiar en la madurez de nuestra ciudadanía. Invertir en educación crítica, modernizar el Poder Judicial para atender delitos digitales y exigir transparencia a las plataformas son pasos concretos hacia una sociedad digitalmente sólida.
Las redes sociales son espejos de nuestra sociedad: reflejan nuestras luces y sombras. En lugar de romper el espejo, aprendamos a usarlo con sabiduría. República Dominicana puede y debe liderar en libertad digital, rechazando la censura y abrazando la responsabilidad individual.
Como expresó el jurista Luis Henry Molina: “La democracia se defiende con más democracia, no con silencio”
