Opinión

Haití y el racismo

Haití y el racismo
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  • Publishedoctubre 19, 2024

Hugo Ysalguez

Cada vez que el gobierno ejerce su derecho soberano sobre el control migratorio, Haití desarrolla una campo de descrédito ante organismos internacionales utilizando la vulgar e inventada práctica de racismo y xenofobia contra la inmigración ilegal de habitantes de ese país, quienes provocan cuantiosos daños, ocupando alegremente porciones importantes de nuestro territorio y consumiendo un elevado porcentaje del presupuesto destinado a los servicios de educación y salud, ambos derechos protegidos por la Carta Magna.

No existe en América, un país que practique más el racismo que Haití, cuando exige en su Constitución, como requisito fundamental que extranjeros que no de su color, debe ser negro quien sea elegido como presidente de ese país, prohibiendo también que blancos adquieran inmuebles, lo que demuestra su rabiosa xenofobia, iniciada a raíz de su independencia en 1804, ordenando la matanza de todas las personas de color blanco, no importando su nacionalidad, sea francesa o de otros países.
Los haitianos desprecian y odian a los blancos, pues se liberaron de la esclavitud de los franceses, dando paso a los africanos ocupar ese territorio que lleva el nombre de Haití, que traducido en el lenguaje indígena significa tierra alta.

Y se ignoran los motivos y el porqué, los habitantes de Haití no quieren ser haitianos, sino dominicanos a cualquier precio, ya sea entrando ilegalmente al país, ya sea con documentos falsificados o a través de miles de decenas de parturientas que tienen hijos, y por haber nacidos aquí, exigen la nacionalidad, olvidando que nuestra ley sustantiva impera el jus sanguinis o el derecho a la sangre y no el jus solis o el derecho de suelo.

Y también los haitianos pretenden alegar una condición de apátrida, otra maliciosa mentira, pues la Ley de Leyes de Haití, establece que gozan de la nacionalidad haitiana, todo niño que nazcan en el extranjero y que sea hijo de un oriundo del vecino país, un principio legal que niega de raíz todo vínculo con la apatridia, una de las acusaciones falaces que tratan de endilgarnos.

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