HAITÍ se nos Impone…Hay que Admitirlo

trabajos de construcción de un canal sobre el Río Masacre, que nunca
contó con la aprobación del gobierno dominicano, el cual externó su
inconformidad al gobierno haitiano, bajo el argumento de que el mismo
era violatorio al tratado del año 1929 sobre el uso compartido del agua y
al derecho internacional.

Aunque la construcción de dicho canal inició en el año 2018, se ha
tomado, sin embargo, como punto de partida para el análisis de la
incidencia del conflicto en las relaciones bilaterales, el mes de septiembre
del 2023 que es cuando el gobierno dominicano impone el cierre total de
la frontera tanto marítima, aérea y terrestre con el vecino país.
En el mes de mayo del 2021, la República Dominicana reitera su
inconformidad con la obra, motivando ello a una llamada de advertencia
del gobierno dominicano al haitiano de que la construcción de ese canal
era una insensatez, de la que dijo es «una obra inadecuada, sin ningún
tipo de ingeniería, la cual era una provocación que el Gobierno no iba a
aceptar”.

Para enfrentar este impasse, ambos gobiernos deciden abrir un
espacio de diálogo, conformándose una Mesa Técnica para mejor
entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza, en el
marco de la Comisión Mixta Bilateral del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Sin embargo, los trabajos nunca fueron detenidos y en estas
condiciones, la Cancillería dominicana emitió un comunicado en el que
reiteraba que esa obra violaba el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y
Arbitraje de 1929, por lo que debía detenerse antes de continuar con
cualquier otro diálogo.

Es así que el gobierno dominicano, finalmente, en fecha 11 de
septiembre del 2023, decide tomar un conjunto de medidas que
provocaron un rompimiento casi total de las relaciones bilaterales, tales
como el incremento de la presencia militar en la frontera, la suspensión
del visado y el cierre total de la frontera aérea, marítima y terrestre entre
República Dominicana y Haití a partir del viernes 15 de septiembre del
2023.

Concomitantemente, con la disposición anterior, las autoridades
dominicanas decidieron la suspensión de visado para los haitianos y el
establecimiento de un control biométrico dispuesto por el gobierno
dominicano y al que los haitianos se negaban al menos en el espacio
donde se realizan las ferias comerciales fronterizas.

La respuesta del gobierno haitiano al gobierno dominicano sobre la
ilegalidad del canal fue emitida en el escenario de una asamblea de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que su primer
ministro sostuvo que su gobierno apoyaba en su totalidad la construcción
de la obra y subrayó el “derecho soberano” de Haití sobre el uso de ese
recurso hídrico de la misma manera que lo hace República Dominicana.

La verdad que lo que se procuraba con el cierre de la frontera
dominico-haitiana, en cierto modo no surtió los efectos deseados, puesto
que se puede inferir que el mismo constituyó un estímulo a las
actividades ilícitas del contrabando y a la migración ilegal.

Todos los procesos de diálogos para resolver el conflicto han
resultado infructuosos, ya que Haití siempre ha mantenido su posición de
que el canal es legal y República Dominicana, mantiene lo contrario.
No cabe dudas que Haití le ha tumbado el pulso a nuestro país al
pulverizar la oposición inicial de la República Dominicana a la construcción
de un canal desviador de las aguas del río Masacre, que discurre a lo
largo de la línea fronteriza.

Francamente, hemos admitido un quiebre de nuestros derechos
soberanos al aceptar como un hecho consumado la obra secreta y
unilateral para extraerle agua al Masacre y, peor aún, al consentir en el
futuro el “manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas
transfronterizas”, con todas sus imprevisibles consecuencias.

Todas las medidas tomadas por el gobierno dominicano a los fines
de contrarrestar las acciones unilaterales e ilegales de Haití con la
construcción de dicho canal, han ido a la deriva, y hoy día, además de
imponerse Haití con la construcción del canal, resulta más avasallante la
presencia de haitianos en nuestro país haciendo uso de los servicios
públicos.

Además, el comercio bilateral fluye con toda normalidad en la
frontera dominico-haitiana. Asimismo, se siguen otorgando miles de visas
a haitianos que deciden venir a República Dominicana, tanto como
turistas, como a asuntos laborales.
La presión migratoria que se ha venido dando en nuestro país está
erosionando ya los servicios públicos, y a la vez, generando motivos de
inseguridad para los dominicanos.

En el ámbito escolar, ya alrededor de un siete por ciento de los
inscriptos en las escuelas públicas son haitianos. Una gran cantidad de
dominicanos se quedan fuera de las aulas, para dar cupos a los haitianos.

En el ámbito de las consultas e internamientos en los hospitales
públicos del país, el catorce por ciento sea de haitianos, y en el área de la
maternidad se llegue a más de un 34 por ciento.
En fin, la migración irregular haitiana casi desborda los servicios
educativos, los hospitales y el ambiente de seguridad pública.
Lamentablemente, al gobierno se le ha ido de la mano esta
problemática migratoria, y según las evidencias mostradas, no nos queda
más que admitir, con justa razón, que Haití se nos impone.