La práctica del gobierno de declarar ¨estados de emergencia¨ de manera reiteradas —tres en menos de seis meses— se ha convertido en una clara estrategia para evadir los controles internos que garantizan transparencia en el manejo de los fondos públicos, considera Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Es de opinión que dicha maniobra permite al Poder Ejecutivo manejar los recursos del Estado de manera discrecional y politiquera, sin vigilancia ni rendición de cuentas, lo que constituye una grave amenaza para la institucionalidad democrática.
“Con ese accionar el Gobierno ha sepultado su discurso de transparencia y rendición de cuentas, recurriendo a mecanismos excepcionales sin que existan razones reales o situaciones catastróficas que lo justifiquen”, explica Manzano en un despacho periodístico del PLD.
Advierte como contradictorio que una gestión que desde sus inicios ha enarbolado el discurso de la transparencia y la eficiencia administrativa, recurra ahora a un mecanismo excepcional para operar al margen de las reglas ordinarias de control. No existiendo en el país un desastre de tal magnitud que justifique una medida tan extrema.
“Por lo visto, este gobierno ha hecho del estado de emergencia su nuevo modelo de gestión, utilizándolo como excusa para actuar sin fiscalización, sin licitaciones y sin controles”, dijo.
Considera la declaratoria de situación de emergencia como una burla a la institucionalidad y una afrenta al pueblo dominicano, a la vez que constituye un retroceso en los avances logrados en materia de control y rendición de cuentas durante los gobiernos del PLD.
“El estado de emergencia es una figura prevista para casos extraordinarios, no para eludir las normas de control del gasto público ni para favorecer discrecionalmente a allegados del poder mediante contrataciones directas”, comentó.
Manzano fundamenta su declaración en el compromiso asumido por su Partido, el de la Liberación Dominicana (PLD) de defender la transparencia, la legalidad y el respeto a los controles públicos que garantizan un uso correcto de los recursos del pueblo dominicano, bajo cualquier circunstancia.
