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Reportaje:
Sebastián del Pilar Sánchez
En una ceremonia efectuada el miércoles 13 de agosto de 1980 en la hacienda
“El Yunque”, en la sección La Amarga de San Francisco de Macorís, el
presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández formalizó la expropiación de
ese inmueble para asentar allí a 198 familias campesinas que se unieron a
otras tantas que ese mismo día recibieron títulos provisionales de propiedad en
20 mil 668 tareas del vecino proyecto "Santa Ana”, de las cuales 7 mil 114
serían dedicadas al cultivo de arroz y las restantes 13 mil 554 a frutos menores,
bajo la orientación del Instituto Agrario Dominicano (IAD).El evento puso de manifiesto la disposición del mandatario en ejecutar el
programa de reforma agraria ofertado durante la campaña electoral de 1978
por su Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y dio un mentís convincente a
la calumniosa invención de sus adversarios de que pretendía apropiarse de esa
espaciosa estancia y del frecuentado hotel Lina, en la ciudad capital.
La expropiación de esta finca de 13 mil tareas se efectuó siete años después
que el IAD recomendara incorporarla a la reforma agraria pese a la reacia
postura de la familia Aguayo (propietaria), que desde 1973 reclamaba al Estado
un precio justo como indemnización o resarcimiento económico por la
vulneración de su derecho a detentar bienes lícitamente adquiridos.
La disposición gubernamental fue acatada durante breve tiempo por el señor
Alfonso Aguayo, quien declaró a la prensa que su familia estaba en ánimo de
negociar su situación con el gobierno de Guzmán, en base a la normativa
jurídica prevaleciente en el país, aunque era doloroso prescindir de las tierras
trabajadas con mucho esfuerzo y alta inversión por su finado progenitor Rafael
Aguayo.Esa declaración fue respaldada por el presidente de la Asociación
Dominicana de Hacendados y Agricultores, Silvestre Alba de Moya, quien
condenó su repartición en parcelas sin que interviniera un tribunal de Justicia
que fijara por sentencia un precio justo de compra.
A juicio del exsecretario de Estado de Agricultura en el gobierno provisional del
doctor Héctor Rafael García-Godoy, se había incurrido en “una flagrante
violación a las disposiciones constitucionales” con la abrupta adquisición de
una finca que había sido la mejor empresa productora de carne de la región del
Cibao por su extensión, fertilidad, costosa infraestructura y su ganado de
calidad y excelente rendimiento unitario, integrado por centenares de
ejemplares de la raza Brahman.La opinión de Alba de Moya difería sin embargo de la externada durante el
gobierno del presidente Joaquín Balaguer por técnicos del IAD que
recomendaron declarar de utilidad pública e interés social una porción de esas
tierras (8 mil 341.24 tareas), originando el decreto No. 4154, del 10 de
septiembre de 1973, emitido por el mandatario con la finalidad de impulsar
reforma agraria requerida por millares de agricultores agrupados en el
Movimiento Agrario Reformista (MAR) y en grupos independientes.
El artículo 2 de ese decreto establecía que “en caso de no llegarse a un
acuerdo amigable con la propietaria del inmueble (María Rosa León de
Aguayo), para su compra de grado a grado por parte del Estado dominicano, el
administrador de Bienes Nacionales realizará todos los actos, procedimientos y
recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, para obtener la expropiación
de los terrenos”.
El IAD sostenía que la extensión de dicha finca excedía el límite de cuatro mil
tareas establecido por la Ley No. 314 sobre latifundio, promulgada por el propio
Balaguer el 12 de abril de 1972, y basó su recomendación en un informe
preparado por el doctor Peters Arens, por encargo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que hacía
referencia a la conveniencia de incorporar esas tierras a la reforma agraria
luego de que se construyera y comenzara a operar el canal Cañabón, que
distribuiría las aguas de la presa de Rincón en toda la zona y daría solución
definitiva a las dificultades de desagüe.
Todo eso habría de influir en la determinación del gobierno de Guzmán de
incorporar la hacienda “El Yunque” a la reforma agraria y en que se lo
comunicara personalmente a la familia Aguayo, que a principios de 1980 le
solicitó que formara una comisión oficial con su participación, para que
«estableciera los linderos del terreno que adquiriría el Estado, mediante “una
mensura catastral contradictoria”.
Por eso, la Dirección Nacional del Catastro Nacional procedió a realizar el
peritaje en cuestión y concluyó con un informe de su directora, doctora
Altagracia Español de Nanita, que indicaba que la finca comprada el 28 de
enero de 1954 por el extinto hacendado Rafael Aguayo tenía un valor de un
millón 42 mil 655 pesos (cada tarea costaba 125 pesos), y poseía -además del
ganado- una siembra de 8 mil 200 tareas de pangola, cien matas de palma,
trescientas de roble, trece de naranja dulce, doce de coco, veinte de naranja
agria y una gran cerca.
Esa evaluación fue calificada de arbitraria por los afectados, en un comunicado
publicado el 11 de agosto de 1980 en los periódicos Listín Diario y El Caribe,
con las rúbricas de la señora María Rosa León, Rafael Aguayo León y Alfonso
Aguayo León, quienes restaron validez a la expropiación, debido a la
disparidad de criterios sobre el avalúo efectuado y por no estar acompañada de
una justa indemnización fijada por un tribunal.
Los firmantes advirtieron al presidente que no estaban dispuestos a renunciar a
su derecho de posesión, por lo cual se prepararían para exigir en los tribunales
una rectificación gubernamental. También, le hicieron llegar las evaluaciones
técnicas privadas realizadas sobre el valor la finca, que -según trascendió-
podía sobrepasar los cuatro millones de dólares.
IAD implementa colectivización
Para administrar dicho asentamiento se designó -en su primera etapa- al
ingeniero francomacorisano Pedro Jaime Tió, egresado del Instituto Superior
de Agricultura (ISA) de Santiago, con estudios realizados en Israel sobre
sistemas de riego y diez años de experiencia en labores agrarias, resaltada en
los últimos meses por su destreza como gerente del IAD en la provincia de
Dajabón.
Su primer cometido fue gestionar financiamiento del Banco Agrícola para
construir caminos internos, solucionar problemas de drenaje y preparar los
terrenos para la siembra de plátanos, habichuelas, sorgo y maíz, teniendo de
refuerzo un equipo de profesionales de la planificación, la ingeniería civil y la
sociología con la misión de orientar a los parceleros sobre el modelo de gestión
que convenía establecer en ese proyecto y en las parcelas confiscadas a los
hacendados Joaquín Ortega y Carlos Ramos Domínguez.
Así se fomentó una cultura de autogestión y la instauración de la denominada
“empresa campesina” manejada por los propios agricultores, y se impuso un
buen nivel organizativo para la conquista de beneficios comunes y la
superación del viejo modelo de reforma agraria que fomentaba el
individualismo y el minifundio.
La organización de parceleros, en unidades asociativas de producción, tuvo la
juiciosa tutela del ingeniero civil Francisco Tomás Rodríguez (Frank), director
del IAD y el significativo respaldo del partido blanco, por encajar en su
plataforma programática y ser un paliativo para reducir la marginalidad urbana,
disminuir la migración campesina hacia las ciudades y solucionar en parte el
problema de la desocupación de manos de obra en San Francisco de Macorís
y la región nordeste.
El secretario general del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, señaló que
esa entidad defendía la reforma agraria que desarrollaba el presidente Guzmán
porque coincidía -por su carácter liberal democrático- con la filosofía social de
esa agrupación política, inspirada en los exitosos modelos de Japón, Italia,
Taiwán, Israel y otros países con notables avances en la protección y control
de la propiedad privada en el área rural.
Igualmente consideró que el asentamiento Aguayo aceleraría la
industrialización de la región, la creación de pequeños negocios, la
transformación de los trabajadores del campo en consumidores y el aumento
de su capacidad económica para redimirse del desamparo a que estaban
expuestos por la economía informal.
Litigio y tropiezos
Desde su llegada al poder en 1978 el presidente Guzmán se esforzó en aplicar
las leyes sobre tenencia tierras y convertir los asentamientos rurales en
empresas campesinas productivas; pero ese esfuerzo fue sensiblemente
frenado por una sentencia de un tribunal de Montecristi que acogió la
impugnación hecha por la familia Aguayo a la expropiación de su hacienda y
ordenó al registrador de títulos abstenerse de realizar ningún tipo de
transferencia en favor del Estado o en beneficio de terceros, ya que esas
tierras estaban registradas con el certificado de título número 73-334, expedido
en la oficina de San Francisco de Macorís.
Esa decisión judicial era inaplicable en las condiciones que vivía el país, pero
fue un duro golpe a las aspiraciones de los campesinos de conseguir los títulos
de propiedad de las parcelas adjudicadas, porque no obstante ser
apelada en el Tribunal Superior de Tierras, integrado por los magistrados
Felipe Rodríguez, José Lora Castro y Humberto de Lima, algunos abogados
como el doctor Eurípides Roques Román, exconsultor jurídico del secretariado
Técnico de la Presidencia y experto en derecho agrario, ofrecieron
declaraciones a la prensa asegurando que los documentos que el IAD les
había proporcionado eran "totalmente inválidos e ilegales”, es decir, carecían
de valor legal alguno por no estar asentados en el registro inmobiliario, de
acuerdo con la ley 1542, promulgada el 11 de octubre de 1947.
Esas opiniones desanimaron a los campesinos asentados y desde entonces
nada sería igual dentro del proyecto Aguayo, en razón de que comenzaron a
tener pérdidas en las cosechas de plátanos, habichuelas y batatas en alrededor
de 5 mil 700 tareas, debido a que descuidaron las labores habituales y
abandonaron los planes de sembrar sorgo.
Ese cuadro desolador fue descrito de manera contundente por los periodistas
Ricardo Rojas y Ramón Velázquez, en un reportaje del diario vespertino Última
Hora, publicado en vida del presidente Guzmán, el jueves 11 de febrero de
1982, que daba cuenta de que “miles de tareas, aproximadamente la mitad del
proyecto agrario Aguayo, que fuera sede de la hacienda ganadera Aguayo,
expropiada a sus dueños por el gobierno y entregada a campesinos con
bombos y platillos en agosto de 1980, permanecen ociosas llenas de hierbas y
abrojos”.
