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Por: Yulibelys Wandelpool
Abogada, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral
Redes: @ywandelpool
Correo: ywandelpool@gmail.com
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Este lunes amanecimos con dos hechos que, analizados juntos, dicen mucho más de lo que aparentan por separado. Por un lado, el Ministerio de Trabajo reveló múltiples violaciones laborales en empresas del parque industrial de San Antonio de Guerra, destacando como hallazgo principal el incumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo, conocido como el principio del 80/20, que exige que el 80% de los trabajadores en una empresa sean dominicanos.
Por otro lado, el comunicado de la presidencia de la República que anuncia el diálogo del presidente Luis Abinader y los exmandatarios Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, el próximo miércoles 14 de mayo, que procura construir una postura nacional frente al tema migratorio haitiano.
¿Pura coincidencia?
En un contexto tan cargado de simbolismo y tensión como el que vivimos, es legítimo interpretar que el anuncio del Ministerio de Trabajo (centrado en el componente migratorio del hallazgo, resaltando la presencia mayoritaria de trabajadores extranjeros en las empresas inspeccionadas) busca enviar un mensaje político claro: el Gobierno quiere llegar al pacto con autoridad moral.
Y para ello, muestra que también está “poniendo la casa en orden, a vapor”.
Es importante decirlo: las demás violaciones detectadas no son menores. Incumplimiento del salario mínimo, jornadas excesivas, ausencia de descansos obligatorios y negación de vacaciones reflejan una precarización inaceptable del trabajo. Pero entre todas, el Gobierno eligió destacar el incumplimiento del 80/20 como el titular principal. Y ese subrayado no es neutro: es estratégico.
El principio del 80/20 no es una formalidad. Es un mecanismo legal para preservar el equilibrio en el mercado laboral dominicano, protegiendo la contratación local sin negar el aporte de la mano de obra migrante. Ignorarlo alimenta la informalidad y mina la legitimidad del modelo económico.
Y es justo ahí donde debe girar el debate del pacto migratorio: en cómo ordenar la casa sin caer en discursos xenófobos, pero tampoco permitiendo un desorden laboral que perjudica tanto al trabajador nacional como al empresario formal.
El mensaje es claro: no se puede hablar de soberanía migratoria sin hablar de soberanía laboral.
El Gobierno tiene en sus manos una oportunidad valiosa de demostrar coherencia: que el cumplimiento del 80/20 no sea una táctica de coyuntura, sino una política sostenida, justa y con efectos reales en la protección del empleo dominicano.
La oposición, por su parte, debe acudir al diálogo con una visión crítica, firme, pero propositiva. Este no es solo un tema migratorio; es también un tema de legalidad, equidad y dignidad del trabajo.
Y si vamos a hablar de pacto, que sea con todas las cartas sobre la mesa
