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Por Orión Mejía
La ministra Raful ha prometido que no habrá impunidad ante ese suceso que se quiso cerrar con la tradicional versión de que las victimas formaban parte de una peligrosa banda que enfrentó a las autoridades con un arsenal, sin establecer si pudo tratarse de otra ejecución extrajudicial.
En lo que va de año la prensa ha contado 170 personas ultimadas por patrullas policiales en alegados intercambios de disparos, a los que se agrega los cinco abatidos en una plaza comercial de Santiago. Donde la policía pone el ojo, pone la bala.
Se reconoce el especial interés que el presidente Luis Abinader ha puesto en el proyecto de transformación de la Policía, cuyo avance revisa cada lunes, pero aun la ciudadanía no percibe de manera significativa el cambio que experimenta la institución.
El narcotráfico, sicariato, terrorismo, extorsión y trata de personas se erigen en grandes multinacionales del crimen que perturba la seguridad ciudadana y la gobernanza política en América Latina, con tanto poder y dinero que llegan a penetrar hasta el tuétano de las instituciones encargada de combatirlo.
En República Dominicana se han decomisado desde el 2020 más de 224 toneladas de drogas, pero se da por seguro que otros muchos cargamentos de narcóticos llegan desde aquí a su destino final de Estados Unidos y Europa, pero también es mucha la droga que se queda para mercadeo y consumo, lo que promueve una economía de subsuelo que alienta al crimen.
El Ministerio Público esta compelido a investigar las circunstancias en que cinco personas fueron abatidas a tiros por agentes policiales en Santiago, un episodio que no puede ser coronado por la impunidad porque sería como darle aquiescencia a que delincuentes maten a delincuentes.
