En este país todo lo que está prohibido, taxativamente en la Constitución y sus leyes adjetivas, está permitido. Ninguna institución en el país está más desacreditada y degradada que la justicia en sentido general.

No existe un solo órgano judicial que merezca la confianza del pueblo dominicano.

El sistema judicial dominicano tiene un sello de clase indeleble, que solo funciona cuando se trata de ciudadanos humildes, sin abolengo ni recursos económicos que les permita contratar o comprar abogados, fiscales y jueces.

(Justicia para los pobres enviándolos a la cárcel, impunidad y libertad para los ricos).

Los partidos funcionan como empresas corporativas las cuales les permite a sus dirigentes más influyentes acumular fortunas a través del Estado.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se transformó en una poderosa maquinaria estatal corrupta para beneficio de sus principales lideres, aquellos que “entraron con chancletas y salieron en yipetas”.

Fue durante su “era” del PLD, no la “era” de Trujillo, que los dominicanos nos convertimos en un pueblo de “ludópatas”, convirtiendo los juegos de azar, en la única esperanza de conseguir dinero.

En este país hay más bancas que escuelas, universidades y centros culturales. Cada grupo en el PLD tenía su propio consorcio de bancas, permitiendo que mucha gente del bajo mundo integrara el poderoso ejército de “banqueros”, “riferos”  que luego se convirtieron en diputados y senadores.