|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Tyrone
Santo Domingo, R.D. El Centro de Estudios de Género (CEG), del Instituto Tecnológico (INTEC), anunció la realización de su XIII Conferencia Dominicana de Estudios de Género, a realizarse los días 14 y 15 del presente mes, importante actividad dedicada a compartir la producción teórica respecto del desplazamiento forzado por el cambio climático, impulsando no solo la perspectiva nacional y regional sino ampliando a la perspectiva del Sur Global.
“El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicó en 2024 un informe titulado ‘Forging a Global South’ estableciendo qué países están ubicados en el Sur Global, apuntando que el uso del término “Sur” alude a los países en desarrollo desde la década de 1970, basándose en el hecho de que los países desarrollados e industrializados del mundo se encuentran mayormente al norte de los países en desarrollo”, explicó Desirée Del Rosario, coordinadora general del CEG.
En ese mismo tenor, la destacada académica detalló que el término no implica aludir a la similitud de los países en desarrollo ni a su agrupación en una sola categoría, pero sí a que comparten un conjunto de vulnerabilidades y retos.
“La Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirma que más de la mitad de la población mundial, unos 4500 millones de personas, han sufrido grandes catástrofes meteorológicas alguna vez durante los últimos 20 años, lo que significa que se han perdido vidas, se han destruido hogares y medios de subsistencia y se han arruinado economías”.
República Dominicana: alta vulnerabilidad al cambio climático
Del Rosario advirtió que República Dominicana es uno de los primeros países en donde la confluencia de los análisis que el ACNUR ha difundido, afirma que las personas desplazadas provienen de estados afectados por la pobreza, la ausencia de respuestas eficaces ante los efectos del cambio climático y regularmente son muy vulnerables ante dicho cambio.
“El desplazamiento forzado provocado por fenómenos climáticos extremos se ha convertido en una de las expresiones más visibles y alarmantes de la crisis ambiental en el Caribe insular. En la República Dominicana, este tipo de desplazamientos no solo responde a la intensidad creciente de eventos hidrometeorológicos como inundaciones, tormentas o sequías, sino que también se vincula con procesos históricos de desigualdad territorial, exclusión social y fragilidad institucional”, aseguró la experta.
En ese mismo orden, la docente manifestó que a pesar de los avances en la comprensión del riesgo y de las capacidades de alerta temprana, los efectos de los eventos climáticos siguen afectando de forma desproporcionada a comunidades rurales, empobrecidas y periféricas.
«La investigación “Desplazamiento Forzado por Cambio Climático: su impacto en la vida de mujeres y niñas”, del Centro de Estudios de Genero de INTEC conjunto a IDRC, analiza los efectos del desplazamiento forzado por cambio climático en diez municipios de alta exposición en la República Dominicana, a partir de una encuesta aplicada a 473 personas y entrevistas a actores clave del sistema de gestión del riesgo», explicó.
Zonas en mayor riesgo
La caracterización de la población encuestada evidencia esta territorialización del riesgo. El municipio de Tamayo, en la provincia de Bahoruco, concentró el 16.3 % de la muestra, seguido por Tábara Arriba (13.1 %) y Las Charcas (10.6 %), ambos en Azua.
“Las provincias fronterizas de Elías Piña e Independencia también estuvieron representadas con múltiples municipios, como Hondo Valle, Pedro Santana, Cristóbal y Postrer Río. Estas localidades comparten una alta exposición a eventos extremos y limitadas capacidades de respuesta estatal, lo que justifica su inclusión prioritaria en el análisis”, advirtió.
El municipio de Guaymate, en la provincia de La Romana, con 12.7 % de participación, aporta una dimensión adicional al estudio, al representar contextos rurales fuera de la zona fronteriza, pero también altamente vulnerables. Sus hallazgos muestran que el desplazamiento forzado en estas comunidades se traduce en pérdidas materiales (vivienda, cultivos, enseres), afectaciones sociales (ruptura de redes de apoyo, inseguridad, violencia), impactos en la salud física y mental, e interrupciones en el acceso a servicios esenciales como la educación y la atención médica.
“Las mujeres, en particular, enfrentan mayores niveles de inseguridad, carga de cuidado, escasez alimentaria y obstáculos en el acceso a recursos. Sin embargo, las políticas públicas aún no incorporan de forma efectiva un enfoque de género ni mecanismos de atención diferenciada en los protocolos de evacuación, gestión de albergues y procesos de reconstrucción”, finalizó.
