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Una evaluación sobre riesgos y desafíos institucionales
Por Doctor Ramón Ceballo
En una democracia sólida, el derecho al voto representa un símbolo de igualdad ciudadana. Sin embargo, en países donde la institucionalidad aún se encuentra en desarrollo, como la República Dominicana, otorgar ese derecho a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional plantea más riesgos que beneficios.
Los defensores del voto militar suelen argumentar que todo ciudadano, sin distinción, debe participar en la vida política del país. A primera vista, la idea parece justa: los uniformados también son dominicanos, pagan impuestos y contribuyen al bienestar nacional. Negarles el sufragio podría interpretarse como una forma de exclusión.
Sin embargo, la democracia no se sostiene únicamente sobre el sufragio universal, sinó también sobre la neutralidad institucional del poder coercitivo del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía están llamadas a servir a la nación, no a un partido ni a un liderazgo político. Por eso, en sistemas democráticos frágiles, mezclar el voto con el uniforme puede ser una combinación peligrosa.
En un contexto institucional débil, los riesgos de otorgar el voto a militares y policías son múltiples y de profunda trascendencia democrática. La politización de los cuerpos armados podría derivar en una lealtad desplazada del Estado hacia intereses partidarios, reproduciendo viejas prácticas de clientelismo y control político.
Además, en estructuras jerárquicas tan rígidas, la libertad del sufragio se vería comprometida, pues las decisiones de los superiores podrían influir sobre la voluntad de los subordinados, anulando el carácter secreto y autónomo del voto.
A ello se suma el peligro de que, en momentos de crisis o tensión política, la neutralidad militar, base esencial de la estabilidad democrática, se vea afectada por afinidades partidarias, distorsionando su papel institucional.
Finalmente, la memoria histórica del país advierte sobre los efectos de un pasado donde el poder militar tuvo una presencia dominante en la política nacional; reabrir esa puerta significaría revivir los fantasmas de la injerencia castrense en los asuntos civiles, debilitando los avances democráticos alcanzados.
La alternativa, más sensata, que conceder el voto activo sería fortalecer la educación cívica, ética y democrática dentro de los cuerpos castrenses. La ciudadanía de los uniformados no se niega, pero se ejerce de otra forma, garantizando el orden, la seguridad y el respeto a la Constitución.
En países de América Latina que prohíben el voto a los militares, como Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y la propia República Dominicana, hay una alternativa que es el voto pasivo o diferido, la restricción suele aplicarse solo mientras la persona está en servicio activo. Al pasar a retiro, el derecho se recupera, así se preserva la neutralidad institucional sin excluirlos totalmente del proceso democrático.
En contraste, otras democracias latinoamericanas han optado por permitir el voto militar bajo estrictas garantías de neutralidad, entre ellas, tenemos: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, donde los miembros de las fuerzas armadas y policiales pueden ejercer el sufragio, siempre que lo hagan de forma voluntaria, secreta y sin manifestaciones públicas de preferencia política.
En estos países, el voto castrense ha sido posible gracias a una cultura institucional más consolidaday a la existencia de mecanismos de control civilsobre la estructura militar. No obstante, incluso allí, el debate sobre los límites entre lo militar y lo político continúa abierto.
Quiero concluir este artículo, reiterando que en un país con instituciones frágiles, como la República Dominicana, donde la línea entre el poder político y el militar aún necesita mayor claridad, otorgar el voto a militares y policías sería una medida imprudente.
La prioridad debe ser consolidar primero una cultura cívica y un Estado de derecho donde las instituciones funcionen sin tutela partidaria.
El verdadero fortalecimiento democrático no consiste en ampliar el padrón a toda costa, sino en asegurar que cada voto, civil o militar, represente una decisión libre, consciente y sin presiones.
En esa meta, todavía hay camino por recorrer.
